Si lo que aseguran los miembros de la CUP llegara a hacerse realidad,
estaríamos ante la demostración más escandalosa de que el sometimiento del
Gobierno catalán es, a la vista del público, un chantaje en toda regla. Y eso
que el astuto Artur Mas intentó colar ante la opinión
pública la milonga de que su retirada suponía también la derrota y el desarme
de la formación antisistema. Pero ya se ve que de eso nada.
La consejera de Presidencia de la Generalitat, Neus Munté ha
reconocido de manera vergonzante que su Gobierno está «predispuesto» a
retirarse como acusación en los procesos judiciales abiertos contra alrededor
de 40 activistas violentos implicados en graves disturbios callejeros,
aunque, claro, se ha visto obligada a decir que esa predisposición se
mantendrá «siempre que no haya una lesión o un menosprecio de los funcionarios
y los bienes públicos».
Pero es que un bien público es precisamente el orden público,
perdóneseme la repetición, que es lo
que estos agresores de la exigible tranquilidad en las calles y en las instituciones
han roto de manera violenta y coordinada en repetidas ocasiones.
Y un bien público es también, aunque a muchos nos parezca en este caso
preciso un mal público espantoso, el propio presidente de la Generalitat. Y
sucede que entre los procesos judiciales abiertos está el que
va a juzgar a quienes participaron en la concentración de diciembre de 2011 en
la Universidad de Gerona para boicotear la presencia de Mas en un acto. Los
individuos echaron abajo una puerta metálica a golpes y hubo varios heridos.
Tres meses después se produjeron en las calles de Barcelona unos disturbios
muy violentos en los que se quemaron contenedores y se incendió un local de la
cadena Starbucks. Y estos que se recuerdan aquí sólo son dos de los siete casos
en los que la Generalitat está dispuesta a retirarse de la acusación por la
vía penal y la vía civil.
¿Por qué hacen los responsables políticos catalanes esta escandalosa
dejación de sus obligaciones como gobernantes y garantes, por tanto, del
mantenimiento del orden público y del respeto a las normas? Porque lo han
firmado en ese acta de capitulación que los de Juntos pel Si se tragaron hasta la bola para intentar que
los anticapitalistas aceptaran a Mas como presidente. Pero ahora Mas está fuera
del Parlamento y el trágala que les impuso la CUP está vigente y en pleno
vigor.
E, independientemente de que estos episodios confirmen cada día la
indigencia política del Gobierno de la Generalitat y su genuflexa dependencia
de los de la CUP, lo que hay que subrayar aquí con escándalo es la abdicación
de una, otra más, de sus muchas responsabilidades abandonadas en favor de esa
alucinación irrealizable que es el camino de la independencia.
VICTORIA PREGO
