Hoy se cumplen 35 años del golpe de Tejero, Milans y Armada ¡Qué lejana
nos parece ahora aquella España en la que un teniente coronel de la Guardia
Civil entró en el Congreso, pistola en mano, al grito de: «¡Quieto todo el
mundo!».
Pasamos mucho miedo. Temíamos perder la democracia que había costado
tantos años y tanto esfuerzo recuperar. Habían pasado poco más de 5 años
desde la muerte de Franco, pero la mayoría de los españoles ya no quería volver
atrás. Mirábamos al futuro.
Hasta nuestros padres, que habían peleado en la Guerra Civil, creían
en la reconciliación. Les aterraba la sola idea de desenterrar el odio de las
dos Españas.
Tejero, Milans y Armada se equivocaron al pensar que su golpe tenía
posibilidades de éxito. Ni las Fuerzas Armadas eran ya el bastión del
franquismo que ellos añoraban, ni la sociedad civil, endeble todavía, quería
volver a los oscuros años de la dictadura.
Que nadie se equivoque. La razón del fiasco del 23-F no fue que algunos
capitanes generales se echaran atrás en el último momento; o que Sabino
Fernández Campos, entonces Jefe de la Casa del Rey, impidiera la llegada a la
Zarzuela del general Armada, cabecilla del golpe; ni siquiera el mensaje
televisado de don Juan Carlos pidiendo a los tres ejércitos que respetasen el orden constitucional. No. La verdadera causa
del fracaso fue que España había cambiado esencialmente y quería vivir en
libertad.
Ahora,
cuando se cumplen 35 años de aquella intentona, algunos, como el portavoz de
ERC, Joan Tardá, se permiten el lujo de calificar el sistema político español
como una «democracia low cost». Y
lo hace, entre otras razones, para defender que Arnaldo Otegi, que saldrá de
prisión la próxima semana tras haber cumplido seis años y medio de condena por
intentar reconstruir Batasuna siguiendo las instrucciones de ETA, es un
«preso político».
Ni Tardá,
ni David Fernández, que le acompañó el pasado domingo a la prisión de Logroño a
visitar al líder de la izquierda abertzale; ni Pablo
Iglesias, que pretende que el poder judicial comparta el ideario del
gobierno, han vivido bajo la dictadura. Pero en su imaginario, España mantiene
un sistema político a medio camino entre el franquismo y la democracia.
Nuestra
débil democracia afrontó ya hace 35 años el reto de condenar a los implicados en el
23-F. La Fuerzas Armadas han demostrado sobradamente su lealtad a la
Constitución.
Desde la
muerte del dictador ha habido quince elecciones generales, en las que los
ciudadanos han elegido libremente a sus gobernantes. Ante los casos de
corrupción, la prensa, la Fiscalía, las Fuerzas de Seguridad y los jueces han
actuado, por regla general, con absoluta profesionalidad e independencia.
Ningún
país europeo ha mejorado tanto como España su nivel de vida en los últimos 40
años. Ningún país de la UE puede darnos lecciones de democracia.
Incumplir
la Constitución o las resoluciones del Tribunal Constitucional, como pretenden
Tardá y sus compañeros inde- pendentistas; poner al poder judicial a las
órdenes del Ejecutivo, como le gustaría a Iglesias, sí que sería degradar la
vida democrática de nuestro país, rebajarnos al nivel de Venezuela,
sumergirnos en una auténtica democracia low
cost.
CASIMIRO GARCIA ABADILLLO
