LA JUNTA de Andalucía paga su sueldo a 1.800
personas que no realizan ningún trabajo ni tienen responsabilidad alguna,
según ha reconocido su portavoz. Estos empleados no son funcionarios, son ex
trabajadores -la mayoría de ellos contratados a dedo- que han tenido que ser
readmitidos por sentencia judicial. Ahora la Junta está estudiando reasignarles
funciones para que no estén mano sobre mano.
Lejos de
ser un hecho aislado, este episodio sirve para poner en evidencia la rigidez y
el mal funcionamiento de las Administraciones Públicas, en las que la
superposición de organismos, el reglamentismo y la confusión organizativa
propicia casos como éste.
La
realidad es que el Gobierno de Rajoy ha sido incapaz de reducir el aparato
administrativo y de reformar la función pública, que sigue operando con una
mentalidad anacrónica a pesar de las grandes inversiones efectuadas en nuevas
tecnologías.
Éstas no
sólo no han servido para mejorar la atención a los ciudadanos sino que, por el
contrario, han aumentado la burocracia y la cantidad de trámites en muchos
casos. Han hecho la "vida más fácil a los funcionarios, pero no a los
ciudadanos que tienen que afrontar una carrera de obstáculos para algo tan
sencillo como sacar un carné de familia numerosa.
La
prolijidad de los trámites, los horarios in flexibles, la proliferación de Administraciones y
la superposición de normas suponen una verdadera pesadilla para los ciudadanos
que tienen que acudir a las ventanillas oficiales.
No es
exagerado decir que la modernización de las Administraciones Públicas es la
asignatura pendiente de nuestra democracia. Ningún Gobierno se ha atrevido a
racionalizar el entramado que forman 17 autonomías, más de 50 diputaciones y 8.000
ayuntamientos, cada uno con su peculiar forma de atender a los ciudadanos.
Y para
cumplir el déficit han de subir el IRPF i el IVA, recortar la Sanidad, la
Educación y todo menos lo de ellos. Vaya pandilla de inútiles y de caraduras.
LLEGIT EN UN DIARI DE L’ALTIPLÀ
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