1764-... mientras la Justicia sigue sin actuar contra el clan de los Pujol

«Una red organizada de tipo familiar para el cobro de comisiones». Así de contundente se muestra la Udef para referirse a los miembros del clan de los Pujol, que, juntos o por separado, llevan años manejando una for­tuna considerable en paraísos fiscales. A pesar de las evidencias incriminatorias, lo único que ha reconocido el patriarca de la familia es que no pagó impuestos por la herencia de su padre. Ello queda en entredicho por la investigación del Servicio de Blanqueo de Capitales, que cifra en más de 500 millones el dinero que han mo­vido a través de cuentas opacas en sucesivas operacio­nes. Y el hecho es que no sólo no se ha efectuado nin­guna detención sino que, además, ni tan siquiera se han tomado medidas cautelares contra ninguno de ellos.

En el informe de la Policía que publicamos quedaba acreditado que Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del clan, recibió, entre 2006 y 2009, 710.000 eu­ros en comisiones de FCC a través de su testaferro lon­dinense. Y ayer nuestro periódico revelaba la existen­cia de facturas falsas cobradas por el mismo fiduciario bajo la rúbrica de «asesorías sanitarias». Que sepamos, la Justicia sigue sin reaccionar ante estas revelaciones.

Es cierto que Pujol Ferrusola está imputado por la Au­diencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fis­cal, y que Oleguer, el menor de los hermanos, fue dete­nido fugazmente durante el registro de su domicilio, pero el tratamiento privilegiado que la Justicia les está dispensando, tanto a los hermanos como a la madre, Marta Ferrusola, empieza a ser escandaloso. Otros im­putados como Bárcenas, Rodrigo Rato, Francisco Gra­nados o, recientemente, el delegado del Gobierno en Valencia, Serafín Castellano, con delitos de menor  entidad que los de los Pujol, han pagado ya un precio bas­tante más alto que ellos.           

FCC, cuya cotización lleva dos días cayendo en con­traste con la subida del conjunto del Ibex, ha recono­cido los pagos y ha abierto una investigación interna para determinar si se trata de comisiones o de traba­jos auténticos de asesoría, lo cual es inverosímil.

Todo ello debería servir para que la Audiencia Na­cional acabara con la impunidad de la que han go­zado hasta hoy Jordi Pujol y su familia, que siguen apelando a lo que representan en Cataluña para obs­taculizar la acción de la Justicia.