CIERTAMENTE que, en el ejercicio democrático
de un Estado de Derecho, el primer ministro conservador David Cameron, respaldado
por la Cámara de los Comunes, autorizó un referéndum secesionista en Escocia
que terminó manteniendo unido al reino de Isabel II.
También es verdad que, con el mismo
ejercicio democrático, el primer ministro socialista Tony Blair suspendió la
autonomía de Irlanda del Norte. Era la cuarta vez que esto sucedía. En 2001,
por cierto, la suspensión se acordó para cancelar la convocatoria de
elecciones anticipadas.
A mi manera de ver, sería mejor para todos
que no hubiera necesidad en España de que el Gobierno aplicara el artículo 155
de la Constitución e interviniera total o parcialmente la Autonomía catalana.
Lo que ocurre es que eso no depende del Gobierno sino del berrinche que agita
a Artur Mas, a Oriol Junqueras y a sus cómplices. Si infringen la ley, el
Gobierno de la nación no solo tiene el derecho sino el deber constitucional de
extraer la Carta Magna del zurrón de las cautelas y, conforme al artículo 155,
«adoptar las medidas necesarias» para «la protección del interés general», así
como obligar a la Comunidad Autónoma de Cataluña «al cumplimiento forzoso» de la
Constitución.
Tampoco son ajenas las Fuerzas Armadas
al deber de mantener el orden constitucional. El artículo 8 de la
Constitución, aprobada en 1978 por la voluntad general libremente expresada de
los españoles y, entre ellos, por abrumadora mayoría de los catalanes, dice
así: «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y
el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia
de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento
constitucional». Conviene recordar que en un Estado de Derecho, las Fuerzas
Armadas solo pueden actuar obedeciendo las órdenes del poder ci que dimana de la soberanía popular.
Por mucho que Pedro Arrióla mantenga la
sandez política de que el tiempo arregla todas las cosas y que aquí no pasa
nada, Mariano Rajoy tiene la obligación,
si pasara lo que puede pasar el próximo 27 de septiembre, de aplicar la ley
con todas sus consecuencias. La inmensa mayoría de los españoles desea que no
se extreme la situación hasta el punto de que el Gobierno se vea obligado a
actuar conforme a los artículos 8 y 155 de la Constitución. No será fácil que
la cordura entre en el cerebro de Artur Mas, un pobre hombre que en el fondo no
lucha por la independencia de Cataluña sino por mantener sus posaderas sobre la
silla curul de la Generalidad. Las elecciones autonómicas del 27 de septiembre
son la fórmula jibarizada que ha encontrado Artur Mas para no responder ante
el pueblo de su gestión política, abrmadoramente negativa. El presidente se ha
asegurado de que, si gana el ordago plebisitario, él continuará en su puesto,
prolongando su impunidad en el asunto Pujol, que le mantiene en la devastación
personal y que anuncia para él riesgo de cárceL Aun así, y a pesar del
cerrilismo político del señor Mas y la idiocia de su insufrible sonrisa,
existían, y existen todavía, fórmulas para superar la situación y evitar el
choque de trenes. Las calenturas del estiaje no deberían nublar la razón de
los gobernantes, que deben y pueden eludir las situaciones límite en beneficio
de todos.
Luis María Anson, de la
Real Academia Española.
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