A BUENAS horas mangas verdes. Hace diez años que
el sistema de la Transición empezó a dar los primeros síntomas de agotamiento.
Los partidos políticos, siempre atentos al interés partidista por encima del
interés nacional, ni se enteraron. Ahora, y como una cuestión de hecho, el 70%
de las nuevas generaciones se muestra indiferente ante el sistema; el 30% se
agita indignado; casi el 100% está asqueado. Hay que construir una España en
la que se integre a la juventud y por eso resulta imprescindible la reforma
constitucional que si no se hace ordenadamente desde dentro del sistema, se
hará revolucionariamente desde fuera. La sagaz Cayetana Álvarez de Toledo ha
expuesto de forma razonada los riesgos de abrir la reforma constitucional. El
problema es que tiene ya más riesgos no hacer esa reforma que hacerla.
Las elecciones del 20-N de 2011 ni las perdió
Rubalcaba ni las ganó Rajoy. Las perdió Zapatero. Deslumbrado el presidente
por la mayoría absoluta, no advirtió lo que algunos, encabezados por Gregorio
Marañón, le expusimos: que era necesario, en todo caso, alcanzar un nuevo
pacto de Estado para enfrentarse con la situación de profunda incertidumbre y
generalizada inquietud.
Si dos años atrás se hubiera hecho la reforma de la ley electoral
sobre el principio lógico de la doble vuelta y no sobre el «que gobierne el que
gane», hoy los dos grandes partidos no estarían sometidos al chantaje atroz de
Podemos y Ciudadanos.
Hace un año, con el ejemplo admirable del
Rey Juan Carlos, que abdicó la Corona para que un hombre de las nuevas generaciones
rigiera los destinos de una España renovada, el presidente del Gobierno debió
poner en marcha la reforma constitucional, atendiendo los deseos y las
exigencias de la juventud. González, Aznar, Zapatero, Duran Lleida, Ardanza,
Roca, tal vez Bono, quizá Solana y Zaplana, debieron formar parte del comité
reformista junto a media docena de catedráticos de derecho constitucional
encabezados por Jorge de Esteban.
Esa reforma estaría
concluida ya, se presentaría al Congreso de los Diputados y al Senado en sesiones extraordinarias
durante el mes de septiembre y alcanzaría los dos tercios de ambas cámaras,
como exige el artículo 168 de la Constitución. Conviene no olvidar que la ley
de abdicación, que era la del refrendo democrático del nuevo Rey, fue votada
por el 86% del Congreso y el 90% del Senado.
Aprobada la reforma constitucional, el artículo 168 exige la
convocatoria de elecciones generales para que el nuevo Congreso y el nuevo
Senado voten la Constitución por dos tercios y después referéndum nacional. El
pueblo español, todos los españoles, entre ellos los catalanes, ejercerían su
derecho a decidir.
Para muchos analistas, ahora es demasiado tarde
y, de acuerdo con las encuestas más solventes, no parece que tras las elecciones
generales se produzca una situación política
favorable para abordar con sosiego la reforma constitucional. Mariano Rajoy, en
fin, aconsejado por el experto en profetizar el pasado, Pedro Arrióla, ha
desperdiciado una ocasión única para reformar, primero, la ley electoral y,
después, la Constitución, prolongando treinta años más la vida del
sistema conforme a las exigencias de las nuevas generaciones.
Luis María Anson, de la Real Academia Española.
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