dimarts, 18 d’agost del 2015

1939-Casillero para los partidos

EL GOBIERNO de la nación decidió en tiempos de Zapatero suprimir la partida presupuestaria destinada a la Iglesia Cató­lica, institución que desempeña en España funciones educacionales, sociales y asistenciales de gran importancia, aparte la aten­ción religiosa. Se dispuso en la declaración de la renta que cada contribuyente que así lo quisiera destinara voluntariamente un 0,7% con destino a la Iglesia. Los que arbi­traron la fórmula se frotaban las manos pensando que casi nadie rellenaría ese ca­sillero porque los templos en España, según ellos, están vacíos. Se equivocaron de for­ma rotunda. El casillero de la declaración de la renta ha proporcionado a la Iglesia, por decisión de los contribuyentes, más di­nero del que recibía con anterioridad en la partida presupuestaria.
Parece a muchos obligado que, en un sis­tema democrático como el consagrado en nuestra Constitución, se haga lo mismo con los partidos políticos y los sindicatos para que sea el contribuyente quien decida a qué partido o a qué sindicato -o a nadie, quizá- otorga un 0,7% de sus impuestos. Resulta a muchos escandaloso que partidos políticos y sindicatos reciban suculentas cantidades del dinero público sin que los paganos pue­dan decir a quién destinan su contribución, conforme a sus preferencias. En el año 2011, por ejemplo, el PP ingresó a través de las cuotas de sus afiliados 12.303.879 euros y gastó 133.398.210 euros. Es decir, el 90% del dinero derrochado fue público.
Y eso mismo se puede decir del resto de los gran­des partidos y de los sindicatos adalides.
La fórmula más lógica sería establecer por ley que «ningún partido político, ningu­na central sindical podrán gastar un euro más de lo que ingresen a través de las cuo­tas de sus afiliados». Pero teniendo en cuen­ta la situación creada por la voracidad de la clase política y de la casta sindical, que gas­tan de forma desmesurada y han creado gi­gantescas estructuras para repartirse las hogazas del dinero público, sería razonable que al menos, en lugar de subvenciones di­rectas, se incluyeran en las hojas de decla­ración de la renta sendos casilleros, como se hace con la Iglesia, para que cada contri­buyente destine o no un 0,7% al partido po­lítico y al sindicato de sus preferencias.
¿Hay alguna probabilidad de que esta fórmula establecida para la Iglesia sea aceptada por los partidos y sindicatos? Me temo que no. Me temo que seguirán chu­pando glotonamente de la teta del Estado, y con el mayor cinismo. Me temo que aquel lio que los políticos han impuesto para la Iglesia no lo acepten para ellos. Sería reve­ladora la cifra resultante del relleno volun­tario de los casilleros ad hoc de la declara­ción de la renta. Un periodista sagaz, Eulo­gio López, ha propuesto que «a partidos y sindicatos, ni un euro del erario público que no decidan los contribuyentes». Contribu­yentes que están al cabo de la calle de la vo­racidad de políticos y sindicalistas y que en las últimas elecciones exhibieron una pan­carta que decía: «Ciudadanos y Podemos, bonitos motes, nuevos grupos que intentan chupar del bote». Tras los resultados elec­torales del 24-M, las nuevas agrupaciones no han perdido el tiempo y ya están chu­pando del bote con fruición. Partidos políti­cos y centrales sindicales, en fin, se han convertido en España en un colosal nego­cio y en agencias de colocación para enchu­far en puestos públicos a parientes, amiguetes y paniaguados.


Luis María Anson, de la Real Academia Española

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