LA CUP ha
vuelto a demostrar que, en Cataluña, tiene la sartén por el mango, políticamente
hablando. 823 de sus militantes rechazaron la investidura de Mas en la asamblea
que tuvo lugar el domingo en Manresa, pero, al mismo tiempo, dejaron la puerta
abierta a la negociación con Junts pel Sí. Es lo peor que le podía pasar a Mas,
porque la CUP ha puesto en manos de la coalición independentista la
disyuntiva de pedirle que se vaya o bien arriesgarse a nuevas elecciones, en
las que el soberanismo tendrá menos respaldo que el obtenido el 27-S (como
mostraba la encuesta publicada por La Vanguardia este
fin de semana).
Para los
antisistema, jugar con la permanencia de Mas es su mejor baza para obtener
concesiones impensables atendiendo sólo a su representación parlamentaria.
Acudiendo
en defensa del soldado Mas, Oriol Junqueras y Romeva dijeron ayer que «sin Mas
no habrá independencia». Como si Mas fuera la garantía de que sí la habrá. Lo
que buscan es sacar la cabeza para no sentirse ninguneados por la CUP. Artur
Mas se ha comportado con enorme torpeza en los últimos meses: ha roto con el
catalanismo moderado y, sin embargo, no ha sido capaz de liderar una
alternativa independentista sólida. En lugar de ser el domador de radicales y
de los antisistema, como había prometido a la gran burguesía.
Si en el plano
político, hoy por hoy, la CUP es quien marca la hoja de ruta, desde el punto de
vista económico son las grandes instituciones financieras las que tienen a su
merced al president. En efecto, el golpe de gracia a Mas no depende tanto de la
voluntad de la CUP como de la decisión que adopten en las próximas semanas
Isidro Fainé y Josep Oliu. Según las fuentes consultadas, el Banco Sabadell
tiene ya decidido trasladar su sede a Madrid si, finalmente, se confirma un
pacto con los antisistema y se lleva adelante el plan de ruptura con España
que se explícita en la declaración del Parlament aprobada el pasado 9 de
noviembre.
Esa posibilidad ya
ha sido estudiada por su consejo, que tiene plena capacidad para llevarla a
cabo sin necesidad de convocar a la junta de accionistas. Por su parte,
Caixabank ha estudiado diversas opciones, que serían también aplicables en el
supuesto de ruptura. La primera de ellas fue la de trasladar su cuartel
general a Pamplona (antigua sede de Caja de Navarra, integrada en Banca Cívica, que fue adquirida por Caixabank en 2012). Sin embargo, la alternativa que se baraja en los últimos días es la de
llevar el centro de mando de Barcelona a Palma de Mallorca (hasta su fusión en 1990 con la Caja de Ahorros de Barcelona, la Caixa se denominaba Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares).
Desde 2014 un total de 654 empresas con sede en Cataluña han decidido trasladarse a Madrid, tanto
por razones fiscales como políticas. Pero Caixabank y Sabadell, los dos pilares
fundamentales del crecimiento económico catalán, se han mantenido firmes hasta
ahora.
Según las fuentes
consultadas, Mas ya habría sido advertido por diversos emisarios de que si
continúa con sus planes de secesión al margen de la legalidad, Fainé y Oliu
harán un gesto inequívoco de rechazo trasladando las sedes de sus bancos fuera
de Cataluña. Un pulso sin precedentes. ¿Quién cederá primero?
Casimiro Gárcia-Abadillo
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