El
problema que afecta al diputado Pedro Gómez de la Serna ya
se planteó anteriormente con Vicente Martínez Pujalte
y eso permite hacer unas consideraciones que sin embargo no le son aplicables
al embajador Arístegui.
En lo que
se refiere a las actividades privadas de los representantes del pueblo en el
Congreso, es necesario dejar las cosas muy claras en el propio reglamento de la
Cámara. Lo que no parezca ético debe ser prohibido porque no resulta aceptable
que las normas escritas autoricen a sus señorías a trabajar «por libre» y
cuando lo hacen se les monte un escándalo monumental.
No es
precisamente muy estético este tipo de método por el cual se ingresan cantidades
por actividades de lobby, pero si hay consenso en que resulta feo y poco
presentable, entonces lo que deben hacer los propios diputados es endurecer
las condiciones por las que se incurre en incompatibilidad. Pero es engañoso y
tramposo el escenario actual: yo le permito hacer esto pero si lo hace usted,
sepa que le vamos a arrastrar por el descrédito y el escarnio colectivo.
Las cosas deben quedar mucho más claras de lo que están ahora y así nos ahorraríamos
los ciudadanos algunas sorpresas desagradables y sus señorías evitarían
ponerse en situaciones difíciles de justificar ante la opinión pública por muy
ajustadas a la ley y al reglamento que hayan sido sus actuaciones.
Otra cosa
es lo de Arístegui. Ser un servidor del Estado, y un embajador lo es en
términos ple nos y absolutos, significa que uno no se va a hacer rico. El puesto
tiene otras muchas y gratas compensaciones, pero no ésa. Y en ningún caso es
admisible que el representante de España ante un gobierno extranjero tenga
empresas de intermediación, con presuntos sobornos incluidos, con las que se
hace con un sobresueldo jugoso. Lo que se está publicando sobre las andanzas
extra profesionales de Arístegui no tiene justificación ni pase posible.
Debe ser investigado
y, si se demuestra que todo lo denunciado es cierto, debe ser cesado
inmediatamente de su cargo y, si procede, expulsado de la carrera diplomática.
Todo en la actividad
del todavía embajador descrita resulta
inadmisible, pero especialmente lo son sus explicaciones, que intentan eludir
su responsabilidad y su participación en esa empresa que pretende endosarle a su hijo sin que haya nada que desmienta
que él ha seguido siendo administrador de la firma comercial con la que ha
obtenido muy buenos beneficios, a pesar de lo cual ha sufrido el embargo de
la Hacienda Pública.
Todo ese relato
encajaría con los avatares de cualquier empresario de medio pelo pero resulta
rigurosamente incompatible con lo que deben acompañar a un embajador.
De modo que
esperamos que el expediente abierto al diplomático aporte completa claridad a
lo sucedido y a continuación el Estado actúe, si procede, con la máxima contundencia.
Victoria Prego
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