El magistrado Jesús Barrientos tuvo la valentía y la decencia de
abordar en su escrito de presentación ante el Consejo General del Poder
Judicial, que debía decidir el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, los problemas específicos y muy graves que
están planteados en esa comunidad. No eludió la cuestión como sí lo hizo su
antecesor, que ni siquiera mencionó el tema y que, preguntado por él, vino a
decir que no era recomendable para un juez significarse en ese asunto.
Barrientos expuso sus consideraciones sobre la anómala actualidad
política catalana sin que nadie tuviera que preguntarle. Y no es que lanzara
una soflama ideológica, en absoluto. Sencillamente abordó de frente el tema y
puso de manifiesto lo obvio: que en las actuales circunstancias, en las que el
Govern y el Parlament se disponen a tomar medidas y a aprobar leyes para
separar a Cataluña de España y han manifestado su voluntad de ignorar las
sentencias del Constitucional, cuya autoridad no reconocen, «la relación
institucional [de los representantes del Poder Judicial] con el Parlament y la
Presidencia sería muy delicada y deberá responder a una situación de excepcionalidad».
Es decir, el magistrado Barrientos se prepara para enfrentarse con las
atribuciones que le otorga su cargo al desafío de los independentistas. Y no
puede dejarse la representación de uno de los Poderes del Estado en manos de
personalidades melifluas, acobardadas o sencillamente acomodadas. Porque lo
que hay es la inundación ideológica por parte del poder político en todas las
instituciones de Cataluña, sean públicas o privadas. Y frente a esa invasión,
preparada y llevada a cabo durante muchísimos años ante la pasividad del
Estado español y de sus sucesivos gobiernos, es imprescindible oponer a
funcionarios que sean muy conscientes del papel que han de jugar en ese
escenario hostil. Banientos ha demostrado que lo es.
Y no sólo eso: ha puesto también el dedo en otra llaga que pide a gritos
un saneamiento urgente. El flamante presidente del TSJC habla de lo que supone
que algunos magistrados de ese tribunal -y de todos los de las autonomías- sean
designados por los partidos presentes en los parlamentos autonómicos. Porque
algunos de esos jueces se ven en la tesitura de juzgar a políticos miembros
del partido que les aupó. De hecho, eso ya ha ocurrido en el caso en el que se
ha de juzgar a Artur Mas y a dos de sus consejeras con motivo de la consulta del 9-N. El juez
que ha instruido el caso había sido nombrado por CiU. Y eso es algo que se da
de bofetadas con la apariencia de imparcialidad que debe acompañar a todo
juez, imparcialidad que los políticos sometidos a juicio no desean, pero que
resulta imprescindible para la higiene democrática. Ha sido un nombramiento
plenamente acertado.
VICTORIA PREGO
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