dilluns, 7 de març de 2016

2530-EL INDEPENDENTISMO LLEVA A CATALUNYA AL DESCRÉDITO ECONÓMICO

POR MÁS que la Generalitat se empeñe en culpar al Gobierno de sus males económicos, un nuevo dato viene a confirmar que es la inestabilidad po­lítica que provoca el proceso independentista la principal causa de la desconfianza de los merca­dos en Cataluña. La agencia de calificación de riesgos Standard&Poor's (S&P), que mantiene desde el estallido de la crisis en la categoría de bo­no basura a la Generalitat, la situó ayer en «pers­pectiva negativa», lo que implica una inminente degradación a un escalón más bajo que el actual. El diagnóstico de S&P hace referencia al bono a largo plazo, lo que significa para los inversores que se espera que la situación económica sea en Cataluña bastante peor en los próximos años.
S&P resalta el deterioro de las cuentas públicas catalanas desde el inicio de la deriva soberanista y el incremento de la tensión con el Gobierno a partir de la alianza del partido de Artur Mas con los radicales de ERC y los antisistema de la CUP aunque Oriol Junqueras, vicepresidente y conse­jero económico, ha impugnado esta rebaja del rating, los mercados ya habrán tomado nota de los pronósticos pesimistas de S&P Y no es para me­nos. La deuda de la Generalitat ascendió en el úl­timo trimestre de 2015 a más de 68.000 millones, lo que representa el 33% de su PIB, convirtiendo a Cataluña en la comunidad más endeudada de España. Además, alrededor del 60% de esa deuda la tiene con el Estado, lo que ha llevado a S&P a calificar de «alto riesgo» la actual falta de comuni­cación entre el Gobierno y la Generalitat.
Es cierto que desde la creación del Fondo de li­quidez Autonómica (FLA) las comunidades no ne­cesitan buscar financiación en los mercados inter­nacionales. Sin embargo, las calificaciones de las agencias son significativas para demostrar que muchas de ellas, como es el caso de Cataluña, ten­drían graves problemas de liquidez si no fuese por la ayudas del Estado. Hace unos días, el presiden­te Puigdemont quiso culpar al Estado de esta si­tuación exigiendo una renegociación de los tipos de interés de la deuda de la Generalitat con el Es­tado, su principal acreedor. Pero con eso no resol­vería la situación. Desde 2012 y hasta mediados del pasado mes de agosto, el Gobierno ha prestado a Cataluña alrededor de 37.000 millones para refinanciar la deuda vencida, financiar el déficit público y pagar a los proveedores. Y, a finales de enero, el FLA tuvo que aportar 160 millones para pagar las facturas pendientes con las farmacias, con las que tiene una deuda crónica que amena­za con poner en peligro el sistema sanitario. A di­ferencia de lo que declaró Junqueras al Financial Times, no es España sino Cataluña la que presen­ta alarmantes síntomas de insolvencia.
Frente a esta situación, el Gobierno de Puigde­mont sólo parece tener una respuesta: la indepen­dencia, como si llegados a ese punto los proble­mas se resolviesen solos. La única medida econó­mica de Junqueras ha sido anunciar la apertura de 140 oficinas de una ilegal hacienda catalana, esperando poner en marcha mecanismos fiscales, para los que carece de competencias, con el fin de aumentar la recaudación. Por su parte, Romeva prevé dilapidar los fondos públicos abriendo 25 nuevas embajadas de la Generalitat.

Como consecuencia de esta cerrazón política, la situación económica seguirá deteriorándose, poniendo en peligro los servicios básicos que la Generalitat debe asegurar a todos los catalanes.

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