POR MÁS que la
Generalitat se empeñe en culpar al Gobierno de sus males económicos, un nuevo
dato viene a confirmar que es la inestabilidad política que provoca el proceso
independentista la principal causa de la desconfianza de los mercados en
Cataluña. La agencia de calificación de riesgos Standard&Poor's (S&P),
que mantiene desde el estallido de la crisis en la categoría de bono basura a
la Generalitat, la situó ayer en «perspectiva negativa», lo que implica una
inminente degradación a un escalón más bajo que el actual. El diagnóstico de
S&P hace referencia al bono a
largo plazo, lo que significa para los inversores que se espera que la
situación económica sea en Cataluña bastante peor en los próximos años.
S&P resalta
el deterioro de las cuentas públicas catalanas desde el inicio de la deriva
soberanista y el incremento de la tensión con el Gobierno a partir de la
alianza del partido de Artur Mas con los radicales de ERC y los
antisistema de la CUP aunque Oriol Junqueras, vicepresidente y consejero
económico, ha impugnado esta rebaja del rating, los mercados ya habrán tomado
nota de los pronósticos pesimistas de S&P Y no es para menos. La deuda de
la Generalitat ascendió en el último
trimestre de 2015 a más de 68.000 millones, lo que representa el 33% de su PIB,
convirtiendo a Cataluña en la comunidad más endeudada de España. Además, alrededor
del 60% de esa deuda la tiene con el Estado, lo que ha llevado a S&P a
calificar de «alto riesgo» la actual falta de comunicación
entre el Gobierno y la Generalitat.
Es cierto que desde la creación del Fondo de liquidez
Autonómica (FLA) las comunidades no necesitan buscar financiación en los
mercados internacionales. Sin embargo, las calificaciones de las agencias son
significativas para demostrar que muchas de ellas, como es el caso de Cataluña,
tendrían graves problemas de liquidez si no fuese por la ayudas del Estado.
Hace unos días, el presidente Puigdemont quiso culpar al Estado de esta situación
exigiendo una renegociación de los tipos de interés de la deuda de la
Generalitat con el Estado, su principal acreedor. Pero con eso no resolvería
la situación. Desde 2012 y hasta mediados del pasado mes de agosto, el Gobierno
ha prestado a Cataluña alrededor de 37.000 millones para refinanciar la deuda
vencida, financiar el déficit público y pagar a los proveedores. Y, a finales de enero,
el FLA tuvo que aportar 160 millones para pagar las facturas pendientes con las
farmacias, con las que tiene una deuda crónica que amenaza con poner en
peligro el sistema sanitario. A diferencia de lo que declaró Junqueras al
Financial Times, no es España sino Cataluña
la que presenta alarmantes síntomas de insolvencia.
Frente a esta situación, el Gobierno de Puigdemont
sólo parece tener una respuesta: la independencia, como si llegados a ese
punto los problemas se resolviesen solos. La única medida económica de
Junqueras ha sido anunciar la apertura de 140 oficinas de una ilegal hacienda
catalana, esperando poner en marcha mecanismos fiscales, para los que carece de
competencias,
con el fin de aumentar la recaudación. Por su parte, Romeva prevé dilapidar los
fondos públicos abriendo 25 nuevas embajadas de la Generalitat.
Como consecuencia de esta cerrazón política, la
situación económica seguirá deteriorándose, poniendo en peligro los servicios básicos que la
Generalitat debe asegurar a todos los catalanes.
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