divendres, 30 d’octubre de 2015

2146-CRIMEN ORGANIZADO

No es casual que la propuesta de resolu­ción al Parlament para iniciar el «proce­so de desconexión» con España se plan­teara precisamente ayer, poco después de que la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía), a las órdenes del juez de la Audiencia Nacio­nal José de la Mata, entrara en el domi­cilio de Jordi Pujol en el marco de una gran operación contra el «crimen organi­zado de carácter familiar».
Esa resolución era la que el presidente en funciones de la Generalitat tenía pen­sado presentar tras su investidura, cuya votación está prevista para el próximo día 9 de noviembre, aniversario del referén­dum farsa por la independencia.
Es relevante el hecho de que el citado documento, que debe ser aprobado en un pleno antes del debate de investidura, fuera entregado por Junts peL Sí (Jordi Turull -CDC- y Marta Rovira -ERC-) y la CUP (Antonio Baños y Anna Gabriel). Y lo es porque es la prueba de que el par­tido de extrema izquierda ha dado el pri­mer paso para colocar a Mas al frente de una Generalitat dispuesta a romper la le­galidad y a desafiar al Estado.
Hizo bien el presidente Rajoy en salir inmediatamente a contestar al desafío, respuesta para la que cuenta con el apo­yo de Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Ri­vera (Ciudadanos), lo que significaría, se­gún las encuestas, un respaldo del 80% de los diputados.
Pero, ¿qué es lo que ha hecho a Mas al­terar el calendario inicial? ¿Por qué ha decidido dar luz verde ahora, antes de ser investido, a un enfrentamiento institucio­nal que puede acabar con su inhabilita­ción e incluso con la suspensión de la au­tonomía?
El presidente en funciones se sabe con el agua al cuello desde que se produjo la operación policial contra CDC que aca­rreó la detención del director general de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, y la del tesorero de Con- vergéncia, Andreu Viloca. Justo el mismo día en que se produjo, el pasado 21 de oc­tubre, Mas estaba reunido con Jordi Pu­jol. Tampoco es casual.
Y no lo es porque la investigación del juzgado de El Vendrell ha sobrepasado ya el estadio del pago de comisiones de constructoras a ayuntamientos goberna­dos por CDC para llegar a la mismísima Generalitat gobernada por Mas, y tam­bién porque han aparecido datos que co­nectan a esta trama con la familia Pujol. Es decir, con el sumario que instruye el ti­tular del Juzgado número 5 de la Audien­cia Nacional.
En efecto, en la agenda electrónica de Viloca, incautada en el registro del domi­cilio del tesorero de CDC, aparece un pa­go de Xavier Tauler (consejero delegado de Copisa) a Jordi Pujol Ferrusola de 3,6 millones de euros.
A ese dato hay que sumar el ingente material llegado desde Andorra a consec uencia de la comisión rogatoria puesta en marcha tras la declaración de la ex no­via de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Al­varez.
Los datos en poder de la Udef demues­tran que el dinero de las cuentas, tanto de Pujol Soley como de sus hijos, no proce­de, como declaró el fundador de Convergéncia en el Parlament, de una heren­cia, sino del cobro de comisiones.
Según fuentes policiales, sólo en las cuentas investigadas en bancos de Ando­rra ha llegado a haber acumulado un to­tal de casi 40 millones de euros.
Lo inaudito es que, tras la declaración de Álvarez en la Audiencia Nacional, e in­cluso después de que EL MUNDO publi­cara los números de cuentas de la familia Pujol en Andorra, se han seguido produ­ciendo movimientos entre los distintos miembros de la familia y, lo más preocu­pante desde el punto de vista policial, ha­cia otros paraísos fiscales.
A fuentes del Gobierno les sorprende que no se hayan adoptado antes medidas cautelares contra Jordi Pujol Ferrusola, que se ha movido con completa libertad hasta ayer.
Según las mismas fuentes, Mas no sólo está preocupado por la implicación direc­ta de la Generalitat en el cobro de comi­siones, que luego eran desviadas a las fundaciones de CDC (CatDem y Fórum Barcelona) para acabar en el partido, si­no porque puedan aparecer nuevos datos sobre la cuenta no declarada que su pa­dre tenía en Liechtenstein.
Figuras destacadísimas del indepen- dentismo, como el propio Pujol, la fami­lia Sumarroca o el vicepresidente del Barga, Caries Vilarrubí, aparecen involu­crados en una trama de corrupción tan antigua como extensa. Todo el entrama­do creado en torno a Convergencia se viene abajo ahora en virtud de la investi­gación de dos jueces cuyos sumarios han acabado desembocando en el mismo si­tio: la todopoderosa familia Pujol.
Había que poner sordina al escándalo, ocultarlo con una operación política tan alocada como peligrosa.
Lo paradójico del caso es que los otro­ra odiados por la extrema izquierda Pujol y Mas se hayan tenido que echar en ma­nos de la CUP para taparse las vergüen­zas. A diferencia de lo que ocurrió con Banca Catalana, Pujol ahora no ha recu­rrido a la senyera, sino a la estelada; eso sí, con el puño en alto.

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

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