Ya están todas
las cartas sobre la mesa y, a lo que parece, lo que queda vivo del Gobierno
catalán, que ya es casi nada, está dispuesto a jugarlas, o eso dicen. A tenor
de lo declarado por la vicepresidenta Neus Munté, la Generalitat se dispone a desmentir por la
vía de los hechos la argumentación que el propio Parlamento catalán presentó
ante el Tribunal Constitucional para intentar parar lo que sabían que iba a
ser una sentencia rotunda, unánime e inapelable. Porque lo que los servicios
jurídicos del Parlament sostenían era que esa resolución de la Cámara catalana
no era sino una declaración de intenciones sin efecto práctico, político o
jurídico alguno. Era un argumento insostenible, como han dejado claro los magistrados y como ha demostrado
la propia Munté en sus declaraciones de ayer.
A partir de ahora
veremos qué movimientos hace ese Gobierno demediado para dar carta de
naturaleza política a una resolución que ha puesto a la Generalitat de Cataluña
fuera del ámbito del Estado de Derecho, es decir, a la intemperie legal.
Es inaudito que hayamos llegado a esta situación
por la enloquecida irresponsabilidad de unos dirigentes que, con una audacia y
una ignorancia escandalosas, se permitían reprochar al Gobierno que se «haya
excusado en las faldas de un tribunal que controla». Quizá el señor Francesc
Homs, autor de esa frase, cree posible que en un país civilizado,
que son todos los que están sometidos al imperio de la ley, se puede dirimir
un desafío de la envergadura del que él y sus colegas han lanzado al Estado
español en otro ámbito distinto al del tribunal que tiene encomendada la
misión de hacer respetar la Constitución vigente. Quizá crea que la extraordinaria trascendencia y gravedad del intento de
secesión aprobado por una parte del Parlament se puede abordar en el ámbito de
la política, con una conversaciones que desemboquen en la aceptación por el
Gobierno dela magna ilegalidad de lo que ellos, los separatistas, han lanzado
a la cara de todos los españoles. Se han vuelto locos. Pero a partir de ahora
los pasos están claros y contados. Todo movimiento, toda decisión que intente
traducir en términos prácticos el contenido de esa resolución será invalidada
por el tribunal y las fuerzas de seguridad del Estado y de la comunidad
autónoma procederán para impedir que tal decisión se consume. Queda por ver
cómo se comportarán los funcionarios cuya actuación esté afectada por esta
sentencia del Alto Tribunal porque ahí entraremos ya en un terreno
definitivamente peligroso en el que si se producen actos de desobediencia o de
rebelión, con algún elemento de violencia, podemos enfrentarnos a situaciones
muy indeseables. Indeseables pero que habrá que afrontar.
Lo que desde
luego no se contempla es que el Estado se arrugue frente al desafío. Esa
posibilidad no existe porque, de existir y materializarse, significaría el
hundimiento del propio Estado y su desaparición. Estamos hablando de España
como nación y de los españoles como sujetos soberanos. Eso es exactamente lo
que está en juego. Por lo tanto, en esta batalla, provocada por los
independentistas sobre bases falsas de principio a fin, y alimentada durante
años a base de propaganda y manipulación de la población, no puede haber más
que un perdedor, y son ellos y su loca apuesta, que no tendrá nunca el apoyo ni
la comprensión de ningún país y de ninguna institución del mundo civilizado. Lo asombroso, lo alucinante, es que ellos lo saben,
que lo han comprobado repetidamente. Pero siguen corriendo.
Victoria Prego
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