dissabte, 2 de gener de 2016

2355-LA JUSTICIA ESTRECHA POR FIN EL CERCO SOBRE EL SAQUEO DE LOS PUJOL

LA CONTUNDENCIA con la que el juez de la Au­diencia Nacional José de la Mata radiografía en su último auto el latrocinio larvado por Jordi Pujol y su familia a lo largo de casi tres décadas de hege­monía política en Cataluña supone un punto de inflexión en la consideración pública y social del ex presidente de la Generalitat. Quien durante tantos años se presentó como adalid de las esen­cias do la patria catalana quedó reducido el miér­coles por el magistrado a epicentro de una «organización delictiva» dedicada al «lavado de dinero de presunto origen criminal». La crudeza de la descripción del juez de las pautas de actuación y los patrones de comportamiento desarrollados «durante años» por los miembros de la familia Pu­jol contrasta con el silencio estruendoso del nacio­nalismo catalán, cuyos dirigentes continúan mos­trándose refractarios a asumir las responsabilida­des políticas derivadas de los delitos atribuidos a quien fue el mentor político de Artur Mas.

Tanto Pujol como su mujer, Marta Ferrusola, declararán como imputados ante la Audiencia Na­cional el próximo 10 de febrero. Se trata de un sal­to cualitativo de suma importancia en los distintos procesos que se siguen contra la familia del ex presidente catalán. El auto de De la Mata es rele­vante por dos motivos fundamentales. Primero, porque el titular del Juzgado Central de Instruc­ción número 5 ha acumulado el procedimiento se­guido en Barcelona por la supuesta herencia de Andorra -destapada por EL MUNDO- a la causa que él ya tenía abierta contra tres de los hijos del ex presidente catalán: Jordi, Pere y Josep, lo que en la práctica significa que asume toda la investi­gación. Y, segundo, porque deja al desnudo las vergüenzas y falsedades con las que Pujol ha ve­nido sustentando su relato desde que en julio de 2014 confesó públicamente que su familia había tenido cuentas ocultas al Fisco en paraísos fisca­les durante 30 años.

De la Mata sostiene que «los miembros de la familia Pujol Ferrusola han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordi­nada para desarrollar distintos negocios, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos». Para el juez, el patrimonio acumulado por el ex president en Andorra no se justifica «con los ingresos ordina­rios que hubiere obtenido por razón del cargo pú­blico que ostente') durante 23 años». Además, sub­raya la existencia de operaciones financieras «anómalas» o «extrañas a las prácticas comercia­les ordinarias», al tiempo que agrega que «no existen negocios lícitos que justifiquen» el incremen­to patrimonial o las transmisiones dinerarias rea­lizadas entre los miembros del clan Pujol.

La investigación judicial pone al descubierto que el ex jefe del Gobierno catalán mintió cuando se parapetó en el subterfugio de una herencia fa­miliar para justificar la fortuna ocultada a Hacien­da y el origen opaco de la misma. La realidad es que el calibre de la trama presuntamente criminal urdida por la familia Pujol estaba sustentada, fun­damentalmente, en el cobro de comisiones en contratos públicos. Pero también en el asesora- miento a multitud de compañías, de sectores va­riopintos, lo que permite concluir que, o bien Pu­jol y sus hijos eran unos cerebros de la consultoría, o bien se lucraron de forma presuntamente ilí­cita aprovechándose de su posición privilegiada. Lo que sí ha ha hecho suya De la Mata es la inves­tigación de la Udef alrededor del uso de comple­jas sociedades instrumentales por parte de los Pu­jol para dejar de cobrar comisiones en efectivo y, por tanto, esquivar los controles. De hecho, los in­formes policiales ya acreditaron que Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del clan, recibió entre 2006 y 2009 un total de 710.000 euros en comisiones de FCC a través de su testaferro londinense.

El Servicio de Blanqueo de Capitales ya cifró en más de 500 millones el dinero que han movido los Pujol a través de cuentas opacas en sucesivas ope­raciones. Por ello, resulta especialmente sorpren­dente e inexplicable que la Justicia no haya estima­do conveniente aún adop­tar medidas preventivas. Porque, a diferencia del tratamiento recibido por otros imputados, como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Francisco Grana­dos, Pujol ha sido objeto de un tratamiento privile­giado, fruto de su peso po­lítico. Y aunque es posible que en este caso no exista riesgo de fuga, sí concu­rren indicios que justificarían el ingreso provisional en prisión, especialmente, dada la extraordinaria gravedad de las imputaciones.

El escándalo alrededor de los Pujol supone una enmienda a la totalidad no sólo a quien fue el sím­bolo del catalanismo desde la Transición, sino a sus herederos políticos. Resulta difícil disociar los delitos imputados a Pujol de la deriva secesionis­ta de Mas. Y no sólo porque éste fuera conseller de Economía del Govern mientras el Molt Hono­rable y su familia amasaron ingentes cantidades de dinero, sino por su incapacidad para despren­derse de las sospechas que lastran la ejecutoria de su padre político.



Jo suposaría, que l’herencia li deuría venir d’un oncle del Canadà, “que ni era oncle, ni era ná”, segons una jocosa frase espanyola.

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