divendres, 29 de gener de 2016

2428-ACIERTO PLENO DEL CGPJ

El magistrado Jesús Barrientos tuvo la valentía y la decencia de abordar en su escrito de presentación ante el Consejo General del Poder Judicial, que debía de­cidir el nombramiento del nuevo presi­dente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los problemas específicos y muy graves que están planteados en esa comunidad. No eludió la cuestión como sí lo hizo su antecesor, que ni siquiera mencionó el tema y que, preguntado por él, vino a decir que no era recomendable para un juez significarse en ese asunto.
Barrientos expuso sus consideracio­nes sobre la anómala actualidad política catalana sin que nadie tuviera que pre­guntarle. Y no es que lanzara una sofla­ma ideológica, en absoluto. Sencillamen­te abordó de frente el tema y puso de manifiesto lo obvio: que en las actuales circunstancias, en las que el Govern y el Parlament se disponen a tomar medidas y a aprobar leyes para separar a Catalu­ña de España y han manifestado su vo­luntad de ignorar las sentencias del Constitucional, cuya autoridad no reco­nocen, «la relación institucional [de los representantes del Poder Judicial] con el Parlament y la Presidencia sería muy de­licada y deberá responder a una situa­ción de excepcionalidad».
Es decir, el magistrado Barrientos se prepara para enfrentarse con las atribu­ciones que le otorga su cargo al desafío de los independentistas. Y no puede de­jarse la representación de uno de los Po­deres del Estado en manos de persona­lidades melifluas, acobardadas o senci­llamente acomodadas. Porque lo que hay es la inundación ideológica por par­te del poder político en todas las institu­ciones de Cataluña, sean públicas o pri­vadas. Y frente a esa invasión, prepara­da y llevada a cabo durante muchísimos años ante la pasividad del Estado espa­ñol y de sus sucesivos gobiernos, es im­prescindible oponer a funcionarios que sean muy conscientes del papel que han de jugar en ese escenario hostil. Banientos ha demostrado que lo es.
Y no sólo eso: ha puesto también el dedo en otra llaga que pide a gritos un saneamiento urgente. El flamante presi­dente del TSJC habla de lo que supone que algunos magistrados de ese tribunal -y de todos los de las autonomías- sean designados por los partidos presentes en los parlamentos autonómicos. Porque algunos de esos jueces se ven en la tesi­tura de juzgar a políticos miembros del partido que les aupó. De hecho, eso ya ha ocurrido en el caso en el que se ha de juzgar a Artur Mas y a dos de sus conse­jeras con motivo de la consulta del 9-N. El juez que ha instruido el caso había si­do nombrado por CiU. Y eso es algo que se da de bofetadas con la apariencia de imparcialidad que debe acompañar a to­do juez, imparcialidad que los políticos sometidos a juicio no desean, pero que resulta imprescindible para la higiene democrática. Ha sido un nombramiento plenamente acertado.

VICTORIA PREGO

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