dilluns, 11 de gener de 2016

2381-LO QUE EL REY VA A FIRMAR

El Parlamento de Cataluña invistió ayer a un nuevo presidente de la Generalidad que se presentó ante la cámara con un programa político cuyo objetivo principal es el inicio de construcción de un Estado independiente y que asumió, sin resqui­cios, la vigencia de la declaración aproba­da el 9 del último noviembre, y que el Tri­bunal Constitucional ha suspendido. La ci­tada declaración establecía que, a partir de su aprobación, los gobernantes catala­nes no reconocerían otra legalidad que la emanada de su parlamento. El nuevo pre­sidente se refirió a ello inequívocamente en su respuesta al candidato socialista, Miquel Iceta, que le había pedido explica­ciones sobre su adhesión a la declaración parlamentaria: «Esta Cámara no estará nunca fuera de la ley, porque la primera misión del Parlamento es legislar, crear marcos legales». El presidente Puigde- mont decía eso pocos minutos después de que el  presidente Rajoy pronunciara una declaración institucional en la que asegu­raba: «El Gobierno no pasará ni una sola actuación contraria a la ley».

Ahora, el gran tema de España es saber qué significa la palabra actuación. El 9 de noviembre el Parlamento catalán aprobó una declaración de sedición. Cuando el Tri­bunal Constitucional la suspendió, el Parla­mento autónomo presentó unas sorpren­dentes alegaciones que situaban esa decla­ración en el ambiguo terreno de las aspiraciones abstractas, sin mayor efecto práctico. Pero la sesión de investidura aca­bó ayer con el sentido que pudieran tener esas alegaciones y, sobre todo, con la posi­ble inactividad, con el carácter durmiente, de esa declaración. A pesar de estar suspen­dida por el Tribunal Constitucional, el pre sidente de la Generalidad y máximo repre­sentante del Estado en Cataluña se compro­metió ayer solemnemente a llevar a cabo el proceso de sedición. Entre el 9 de noviem­bre y el 10 de enero, y respecto de los pla­nes independentistas, hay una sustancial di­ferencia: esos planes han sido declarados ilegales por el alto tribunal del Estado. Y a pesar de ello el nuevo presidente ha decidi­do incluirlos en su programa de gobierno y llevarlos a la práctica.

La situación recuerda, inexorablemente, a la que se produjo otro 9 de noviembre, pe­ro esta vez de 2014, cuando el gobierno de la Generalidad organizó un referéndum ile­gal por la independencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional había declarado ile­gal la iniciativa. Por ese acto, el fiscal gene­ral del Estado presentó una querella contra Artur Mas, que se encuentra aún en trámi­te jurídico. La pregunta se desliza sola. ¿Van a tomar el Gobierno del Estado y los tribu­nales alguna medida contra la autoridad que, explícitamente, ha decidido desobede­cer la instrucción del Tribunal Constitucio­nal? Y una pregunta más: ¿Cómo justificaría el no tomarla, respecto incluso a su tan morigerada actuación anterior?

El presidente Rajoy tiene la costumbre, en estas declaraciones, de incluir una lla­mada a la confianza de los ciudadanos. «Los españoles pueden estar tranquilos...». No dudo de su buena voluntad. Pero los es­pañoles habrían estado mucho más tran­quilos si ayer, en vez de aludir a su inten­ción genérica de no dejar pasar un solo ac­to contrario a la ley (¡que solo faltaría!), hubiese anunciado su voluntad de poner en conocimiento del fiscal general del Estado el contenido de la sesión de investidura y la posibilidad de que haya infringido clara­mente la ley.

Entre otros asuntos, no menores, porque al presidente de la Generalidad lo nombra el Rey de España, y seguramente al Rey de España le convendría saber si su firma, por muy a acto debido que responda y muy au­tomática que sea, va a sancionar el nombra­miento de alguien que ha manifestado níti­damente su voluntad de destruir el Estado.


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