dimecres, 13 de gener de 2016

2388-FELIPE VI HACE LO CORRECTO AL NO RECIBIR A FORCADELL

UN SECTOR del nacionalismo catalán expresó ayer su malestar por la decisión de Felipe VI de no recibir en La Zarzuela a Carme Forcadell, presidenta del Parlament, que tenía intención de desplazarse a Madrid para comunicar ofi­cialmente al Rey la elección de Carles Puigde- mont como nuevo presidente de la Generalitat.
El gabinete de Forcadell había llamado tele­fónicamente a la Casa del Rey para pedir una fecha y la respuesta fue que bastaba una noti­ficación por escrito. Para justificar su posición, la Casa del Rey matizó posteriormente que no existe obligación legal de recibir en La Zarzue­la a Forcadell, ya que no hay una norma escri­ta y se trata de una simple costumbre. Se dan, además, precedentes similares a éste.
La paradoja es que algunos dirigentes inde- pendentistas se han tomado esta decisión como un insulto, subrayando que la negativa del Mo­narca a recibir a Forcadell significa que España ha roto con Cataluña. La realidad se ajusta más a la hipótesis contraria. Ha sido el Parlament quien vulneró la legalidad al aprobar el pasado 9 de noviembre una resolución que en la prác­tica era una declaración unilateral de indepen­dencia tras proclamar la desobediencia a las le­yes y el inicio de un proceso constituyente.
Esa declaración, anulada por el Constitucio­nal, ha vuelto a ser refrendada por el Parlament al nombrar a Puigdemont presidente de la Ge­neralitat, que la ha hecho suya en todos los as­pectos. Incluso ha ratificado el plazo de 18 me­ses para romper unilateralmente con España.
Por tanto, carece de sentido que Felipe VI reci­ba a la presidenta de una institución que se jacta de ignorar las leyes españolas y que anuncia la instauración de una república en Cataluña el año que viene. Aunque no faltará quien considere un error no recibir a Forcadell para no dar pretextos al independentismo, el Rey ha actuado correcta­mente al trazar una línea roja. Ser leales con los desleales es una ingenuidad. En tanto no haya una rectificación del Parlament y del presidente de la Generalitat, el Rey hace bien en marcar dis­tancias con un independentismo que ha dejado patente que no va a respetar las reglas de juego.
Otra polémica bien distinta es la referente a la firma del Rey del nombramiento de Carles Puig­demont para su preceptiva publicación en el Bo­letín Oficial del Estado. El Monarca está obligado constitucionalmente a refrendar la elección demo­crática del presidente de una comunidad, al igual que lo hace con las leyes del Parlamento o los de­cretos del Consejo de Ministros. Por lo tanto, a nuestro juicio, Felipe VI debe estampar su firma en el nombramiento de Puigdemont, lo que es un acto jurídico como jefe de Estado y no político.

Eso no es óbice para que, de hoy en adelante, el Gobierno y la Justicia vigilen la legalidad de las resoluciones del Parlament y de la actuación de Puigdemont, que ayer eludió mencionar el respe­to a la Constitución en su toma de posesión y ju­ró el cargo en nombre del «pueblo catalán». Ello es de dudosa validez jurídica y podría ser impug­nado por la Abogacía del Estado y, por tanto, de­clarado nulo el acto, lo que obligaría a repetirlo. Puigdemont volvió a recurrir al victimismo: «Es­tamos ahogados y humillados», afirmó. Unas pa­labras que auguran una voluntad de confronta­ción con el Estado a muy corto plazo.

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