dimarts, 28 de juliol de 2015

1889-CANELA FINA

CIERTAMENTE que, en el ejercicio demo­crático de un Estado de Derecho, el primer ministro conservador David Cameron, res­paldado por la Cámara de los Comunes, autorizó un referéndum secesionista en Es­cocia que terminó manteniendo unido al reino de Isabel  II.

También es verdad que, con el mismo ejercicio democrático, el primer ministro socialista Tony Blair suspendió la autono­mía de Irlanda del Norte. Era la cuarta vez que esto sucedía. En 2001, por cierto, la suspensión se acordó para cancelar la con­vocatoria de elecciones anticipadas.

A mi manera de ver, sería mejor para to­dos que no hubiera necesidad en España de que el Gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución e interviniera total o par­cialmente la Autonomía catalana. Lo que ocurre es que eso no depende del Gobier­no sino del berrinche que agita a Artur Mas, a Oriol Junqueras y a sus cómplices. Si infringen la ley, el Gobierno de la nación no solo tiene el derecho sino el deber cons­titucional de extraer la Carta Magna del zurrón de las cautelas y, conforme al artí­culo 155, «adoptar las medidas necesarias» para «la protección del interés general», así como obligar a la Comunidad Autónoma de Cataluña «al cumplimiento forzoso» de la Constitución.

Tampoco son ajenas las Fuerzas Arma­das al deber de mantener el orden constitu­cional. El artículo 8 de la Constitución, aprobada en 1978 por la voluntad general libremente expresada de los españoles y, entre ellos, por abrumadora mayoría de los catalanes, dice así: «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Ar­mada y el Ejército del Aire, tienen como mi­sión garantizar la soberanía e independen­cia de España, defender su integridad terri­torial y el ordenamiento constitucional». Conviene recordar que en un Estado de De­recho, las Fuerzas Armadas solo pueden ac­tuar obedeciendo las órdenes del poder ci que dimana de la soberanía popular.

Por mucho que Pedro Arrióla mantenga la sandez política de que el tiempo arregla todas las cosas y que aquí no pasa nada, Mariano Rajoy tiene la obligación, si pasa­ra lo que puede pasar el próximo 27 de septiembre, de aplicar la ley con todas sus consecuencias. La inmensa mayoría de los españoles desea que no se extreme la si­tuación hasta el punto de que el Gobierno se vea obligado a actuar conforme a los ar­tículos 8 y 155 de la Constitución. No será fácil que la cordura entre en el cerebro de Artur Mas, un pobre hombre que en el fondo no lucha por la independencia de Cataluña sino por mantener sus posaderas sobre la silla curul de la Generalidad. Las elecciones autonómicas del 27 de septiem­bre son la fórmula jibarizada que ha en­contrado Artur Mas para no responder ante el pueblo de su gestión política, abrmadoramente negativa. El presidente se ha asegurado de que, si gana el ordago plebisitario, él continuará en su puesto, prolon­gando su impunidad en el asunto Pujol, que le mantiene en la devastación personal y que anuncia para él riesgo de cárceL Aun así, y a pesar del cerrilismo político del se­ñor Mas y la idiocia de su insufrible son­risa, existían, y existen todavía, fórmulas para superar la situación y evitar el choque de trenes. Las calenturas del estiaje no de­berían nublar la razón de los gobernantes, que deben y pueden eludir las situaciones límite en beneficio de todos.


Luis María Anson, de la Real Academia Espa­ñola.

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