EN LA misma línea victimista y desafiante
a la que nos tiene acostumbrados, Artur Mas utilizó burdamente su comparecencia
de ayer en la Diputación Permanente del Parlament de Catalunya para iniciar la
campaña electoral y para echar balones fuera sobre la supuesta financiación
ilegal de su partido. El presidente de la Generalitat, al que hace tiempo que
no le importa guardar las formas, no se escondió en ninguno de los dos bloques
de su comparecencia. En el primero, reconoció sin rubor que, pese a la
apariencia legal de unos comicios autonómicos, las del 27-S son unas «elecciones
plebiscitarias. Y merece la pena que esto se sepa». Admitió de esta forma, en
sede parlamentaria, que ha hecho uso de una artimaña política para ir más allá
de sus competencias. Y se presentó, además, como víctima de la intransigencia
del Gobierno del PP Éste, afirmó, ha pretendido silenciar los deseos de lo
que él llama el pueblo catalán, un sujeto político más propio de su imaginación
que de la legalidad constitucional, que hace recaer la soberanía nacional en
todo el pueblo español. Una trampa retórica con la que intenta presentar como
«normal» lo que no es sino un desafío a la ciudadanía y al Estado de Derecho.
La segunda parte de su intervención, la
más esperada, porque en ella debía responder a las acusaciones de financiación
ilegal de su partido, la dedicó, sin embargo, a acusar a las instituciones del
Estado, y en concreto al Ministerio del Interior, de utilizar a la Fiscalía y
a la Guardia Civil para atacarle. Según el presidente de la Generalitat, que
dijo no creer en la «casualidades», ha sido el Gobierno el que ha filtrado
algunos documentos a los medios para convertir la investigación en un «espectáculo»
mediático con la intención de perjudicarle electoramente. Como ya hiciera su
padrino y antecesor en el cargo, Jordi Pujol, Mas intenta confundir los
intereses de Cataluña con los suyos propios, de tal forma que todo lo que pueda
frenar su delirio independentista no es más que un ataque a la «mayoría de
catalanes» que, según dijo, tomando una parte por el todo, están a favor del
«derecho a decidir». Como ocurriera con Jordi Pujol, Artur Mas pretende que la
bandera le otorgue la impunidad.
Porque esta retórica no tiene otra
finalidad que la de seguir con su delirante huida hacia adelante para no
responder de las graves acusaciones de financiación irregular de su partido.
Mas reconoció que Teyco, la constructora fundada por el empresario Carles Sumarroca
, estrechamente vinculado a la familia Pujol y a Convergéncia, realizó
importantes donaciones financieras a CatDem, la fundación del partido. Pero lo
hizo, añadió, conforme a la legalidad y por cuestiones patrióticas, porque es
una empresa que comparte «el modelo de país» que defiende CDC. Lo que no dice
Mas es que la ley de 2008, que limitaba las donaciones anónimas a los partidos
políticos, dejaba sin embargo un resquicio abierto para que éstas fuesen a
parar a las fundaciones. Así, de la misma forma que, según el Tribunal de
Cuentas, CiU era el partido que proporcionalmente más donaciones recibía de
toda España, ahora es CatDem la fundación que, en relación a su tamaño y
alcance territorial, más dinero ingresa por ese concepto en todo el país.
Precisamente por eso, lo que está
investigando el juez es si esas donaciones empresariales se hicieron a cambio
de favores políticos, porque entonces estaríamos ante graves delitos de
cohecho y de financiación ilegal. Tal y como se desprende del documento publicado
por este periódico, Teyco pagaba el 3% de comisiones ilegales a los
ayuntamientos gobernados por CDC a cambio de la concesión de obras públicas. Y
sobre eso, Artur Mas no fue capaz ayer de disipar las dudas que ha abierto la
investigación en marcha.
EL MUNDO, 3/09/2015
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