ENTRE EL alegato a la independencia de la justicia española, por un
lado, y el cumplimiento de la leyes democráticas, por el otro, transcurrió la
inauguración de la 58 reunión
de la Unión Internacional de Magistrados. La primera idea, defendida por el president
en funciones Artur Mas. La segunda,
con más predicamento, por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el
presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. La actitud que mostró Mas probó
de nuevo que el talante del instigador del proceso soberanista catalán es
esperpéntico. Como lo es la deriva independentista. El president intenta agarrarse a los derechos democráticos
para que el Estado avale la que él presupone como una decisión del pueblo
catalán en las urnas cuando no tiene intención de acatar lo que está
establecido en el sistema constitucional faltando, justamente, a esos valores
que a su entender determinan las leyes democráticas. Lo que reclama, el
compromiso con los marcos legales, es justamente lo que incumple. Situación
más que paradójica, grotesca.
La legalidad democrática e incluso la permanente fidelidad a las
instituciones no es válida únicamente para Cataluña, como persigue Artur Mas,
su defensa a ultranza ha de ser también para el Estado y es así como debe
mostrar su respeto por las leyes.
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