La investigáción del referéndum ilegal del 9-N
por la Justícia está desvelando aspectos muy poco edificantes que el Gobierno
catalán había escondido. Resulta que se presionó a profesores y directores
de centros para participar en la consulta e incluso se llegó a amenazarles con
«consecuencias laborales» si no lo hacían, como han afirmado algunos. Y,
además, se dilapidaron 13 millones de euros, ¡más de 2.000 millones de pesetas!,
de nuestros impuestos en el show. ¿Y todo para qué? Para promover una secesión
que, en realidad, consiste en que la actual élite política catalana se queda
con todo el poder en Cataluña y consiga su impunidad judicial por la corrupción
institucional y el 3% de tantas décadas. En definitiva, poder e impunidad
mientras se disfrazan de épicos libertadores y patriotas envueltos en
banderas.
Antonio Sanz. Lleida.
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