No es casual que la propuesta de resolución al
Parlament para iniciar el «proceso de desconexión» con España se planteara
precisamente ayer, poco después de que la Udef (Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal de la Policía), a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional José de la
Mata, entrara en el domicilio de Jordi Pujol
en el marco de una gran operación contra el «crimen organizado de carácter
familiar».
Esa resolución era la que el presidente en
funciones de la Generalitat tenía pensado presentar tras su investidura, cuya
votación está prevista para el próximo día 9 de noviembre, aniversario del
referéndum farsa por la independencia.
Es relevante el hecho de que el citado documento,
que debe ser aprobado en un pleno antes del debate de investidura, fuera
entregado por Junts peL Sí (Jordi Turull -CDC- y Marta Rovira
-ERC-) y la CUP
(Antonio Baños y Anna Gabriel). Y lo es porque es la prueba de que
el partido de extrema izquierda ha dado el primer paso para colocar a Mas
al frente de una Generalitat dispuesta a romper la legalidad y a desafiar al
Estado.
Hizo bien el presidente Rajoy
en salir inmediatamente a contestar al desafío, respuesta para la que cuenta
con el apoyo de
Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos), lo que significaría,
según las encuestas, un respaldo del 80% de los diputados.
Pero, ¿qué es lo que ha hecho a Mas alterar el
calendario inicial? ¿Por qué ha decidido dar luz verde ahora, antes de ser
investido, a un enfrentamiento institucional que puede acabar con su
inhabilitación e incluso con la suspensión de la autonomía?
El presidente en funciones se sabe con el agua al
cuello desde que se produjo la operación policial contra CDC que acarreó la
detención del director general de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni
Rosell, y la del tesorero de Con- vergéncia, Andreu
Viloca. Justo el mismo día en que se produjo, el pasado 21 de octubre,
Mas estaba reunido con Jordi Pujol. Tampoco es casual.
Y no lo es porque la investigación del juzgado de
El Vendrell ha sobrepasado ya el estadio del pago de comisiones de
constructoras a ayuntamientos gobernados por CDC para llegar a la mismísima
Generalitat gobernada por Mas, y también porque han aparecido datos que conectan
a esta trama con la familia Pujol. Es decir, con el sumario que instruye el titular
del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.
En efecto, en la agenda electrónica de Viloca,
incautada en el registro del domicilio del tesorero de CDC, aparece un pago
de
Xavier Tauler (consejero delegado de Copisa) a Jordi Pujol
Ferrusola de 3,6 millones de euros.
A ese dato hay que sumar el ingente material
llegado desde Andorra a consec uencia de la comisión rogatoria puesta en marcha
tras la declaración de la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Alvarez.
Los datos en poder de la Udef demuestran que el
dinero de las cuentas, tanto de Pujol Soley como de sus hijos, no procede,
como declaró el fundador de Convergéncia en el Parlament, de una herencia,
sino del cobro de comisiones.
Según fuentes policiales, sólo en las cuentas
investigadas en bancos de Andorra ha llegado a haber acumulado un total de
casi 40 millones de euros.
Lo inaudito es que, tras la declaración de
Álvarez en la Audiencia Nacional, e incluso después de que EL MUNDO publicara
los números de cuentas de la familia Pujol en Andorra, se han seguido produciendo
movimientos entre los distintos miembros de la familia y, lo más preocupante
desde el punto de vista policial, hacia otros paraísos fiscales.
A fuentes del Gobierno les sorprende que no se
hayan adoptado antes medidas cautelares contra Jordi Pujol Ferrusola, que se ha
movido con completa libertad hasta ayer.
Según las mismas fuentes, Mas no sólo está
preocupado por la implicación directa de la Generalitat en el cobro de comisiones,
que luego eran desviadas a las fundaciones de CDC (CatDem y Fórum Barcelona)
para acabar en el partido, sino porque puedan aparecer nuevos datos sobre la
cuenta no declarada que su padre tenía en Liechtenstein.
Figuras destacadísimas del indepen- dentismo,
como el propio Pujol, la familia Sumarroca o el vicepresidente del Barga, Caries
Vilarrubí, aparecen involucrados en una trama de corrupción tan
antigua como extensa. Todo el entramado creado en torno a Convergencia se
viene abajo ahora en virtud de la investigación de dos jueces cuyos sumarios
han acabado desembocando en el mismo sitio: la todopoderosa familia Pujol.
Había que poner sordina al escándalo, ocultarlo
con una operación política tan alocada como peligrosa.
Lo paradójico del caso es que los otrora odiados
por la extrema izquierda Pujol y Mas se hayan tenido que echar en manos de la
CUP para taparse las vergüenzas. A diferencia de lo que ocurrió con Banca
Catalana, Pujol ahora no ha recurrido a la senyera, sino a la estelada;
eso sí, con el puño en alto.
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