Hemos
alcanzado el punto tras el que no cabe sino avanzar. El desafío lanzado por las fuerzas independentistas con carácter
de urgencia -que esconde el deseo de los dirigentes de CDC de eludir cuanto
antes las consecuencias de la acción de la Justicia española- es de una
nitidez tal que reclama una acción inmediata del Gobierno. Y no basta con que
el presidente anuncie que todos los recursos políticos y jurídicos están
listos y preparados para ser puestos en marcha. Es imprescindible actuar ya,
respetando la ley, por supuesto, pero no escondiéndose detrás de
consideraciones jurídicas exquisitas que lo único que harán será paralizar la
actuación del Gobierno.
Cataluña
está metida ahora mismo en un huracán devastador en el que se mezclan la locura
colectiva de una parte de la población, la irresponsabilidad política de los
dirigentes que han llevado a esa población al embeleco, una carrera temeraria
hacia la destrucción del país y el descubrimiento de la más gigantesca red
criminal de corrupción que apunta ya directamente a la Generalitat y a su
máximo representante,
Artur Mas.
En esa merdé
están todos ellos metidos hasta el cuello y han pensado que pueden escapar de
su propia trampa embistiendo rápido, rápido, ahora que el Gobierno está casi
en funciones y las Cámaras disueltas, contra la unidad de España y contra la
soberanía nacional, que es un patrimonio irrenunciable de todos los españoles.
Este es un hecho al que hay que enfrentarse inmediatamente y sin miedo.
El
presidente del Gobierno debe saber que cuenta en este asunto con el apoyo de la
inmensa mayor parte de la ciudadanía. Y es exigiible que los líderes de la
oposición mantengan el respaldo expresado ayer por Sánchez y Rivera a la
acción del presidente, aunque esa acción pueda suponerle a Mariano
Rajoy un aumento de los votos en las próximas elecciones, cosa
harto probable si se decide a poner pie en pared de una vez por todas. Pero lo
que está sobre la mesa es de una trascendencia que va mucho más allá del nombre
y de la ideología de quien va a ocupar la Presidencia del Gobierno. Porque el
desafío es a España y a todo aquel que ocupe el Palacio de La Moncloa en los
próximos cuatro años. Y no hay respuestas intermedias a la secesión que acaban
de poner en marcha esos políticos catalanes que, no habiendo conseguido ni
siquiera la mitad de los votos para respaldar sus pretensiones, carecen de
cualquier legitimidad para una acción que, además, rompe la legalidad por los
cuatro costados.
El artículo
155 de la Constitución no está desarrollado, pero eso no puede ser un impedimento
para salir al paso, cuanto antes y con todas las herramientas, de lo que se
anuncia como una inminente sedición en cuanto el Tribunal Constitucional
empiece a sancionar a quienes incumplan sus resoluciones. Adelante con los
faroles, no hay otra salida.
VICTORIA PREGO
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada