NADIE QUE viera ayer la chulesca y altanera displicencia
de Artur Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya podría creer
que estamos en un Estado de Derecho con separación de poderes y respeto al
principio de legalidad.
Artur Mas llegó al juzgado, jaleado
por sus consellers, los líderes de los partidos nacionalistas, cientos de
alcaldes con su bastón de mando y varios miles de correligionarios, que
intentaron convertir su declaración en un acto' de coacción a la Justicia. Fue
un espectáculo infame, que demuestra que el todavía presidente de la
Generalitat se coloca por encima de la ley y se burla de la Justicia.
Tras las declaraciones el pasado
martes de la consellera Irene Rigau y de la ex vicepresiden- ta Joana Ortega,
el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya había advertido que las movilizaciones
frente a sus puertas eran «ataques directos y sin paliativos a la
independencia judicial», un comunicado que fue respaldado por el Consejo
General del Poder Judicial. Ayer volvió a suceder lo mismo corregido y
aumentado.
¿Acaso no sabia Artur Mas que desobedecer una
resolución del Tribunal Constitucional es un delito? Pues bien, tras negarse a
responder a las preguntas del Fiscal y la acusación particular, Mas declaró
ante los medios de comunicación que el proceso es un montaje del Estado, que actúa
por «rabia» y por afán de venganza contra él.
En su comparecencia ante el instructor, Mas
afirmó que él asumía toda la responsabilidad política de la convocatoria de la
consulta, pero que no participó en la ejecución, que fue llevada a cabo por
voluntarios que actuaban al margen de la Generalitat.
Su versión es sencillamente increíble porque,
según las declaraciones de al menos dos directores de centros escolares que
constan en el sumario, altos cargos del Departament d'Ense- nyament les
instaron a que cedieran las llaves para poder celebrar la consulta. No sólo
eso, la Generalitat pagó y les proporcionó ordenadores, urnas y papeletas para
que fuera posible la votación prohibida por el Constitucional.
Mas cuestionó la independencia del fiscal al
presentarle como un mero instrumento del Gobierno, a lo cual reaccionó el
representante del Ministerio Público recordándole que él estaba allí como
imputado en un procedimiento judicial.
Mas fue interrogado también sobre por qué la
Generalitat mantuvo abierta la web informativa de la consulta tras conocer el
fallo del Constitucional, a lo que respondió que él no era experto en
informática, una respuesta en la mejor tradición del método Ollendorf.
Habría que remontarse a la nefasta jornada en
2003 del ingreso de Barrionuevo y Vera en la cárcel de Guadalajara con Felipe
González y la plana mayor socialista a las puertas del centro para encontrar
un dia tan infamante para la Justicia. Incluso lo que pasó ayer en Barcelona
fue más grave, ya que se trata de un evidente intento de coaccionar a los
jueces que instruyen el proceso.
Pero no es la primera línea roja que cruza Artur
Mas ni la primera vez que desobedece a la Justicia. La propia convocatoria de
las elecciones como un plebiscito era un desafío a la legalidad vigente. Pero
Mas juega siempre a dos bandas, procurándose cubrir de sus incumplimientos
legales con una calculada ambigüedad, como hizo ayer al acudir a declarar mientras
convertía el acto en un auténtico escarnio de la Justicia. Sin ir más lejos, el
pasado martes, mientras comparecía Irene Rigau en la misma instancia judicial,
él no acudía a solidarizarse con su colaboradora porque a esa hora recibía al
Rey en un acto oficial.
Mas ha demostrado su gran habilidad política
para sacar partido del procedimiento judicial abierto por una querella de la
Fiscalía, que está intentando convertir en un agravio contra Cataluña y en una
oportunidad para seguir al frente de la Generalitat.
Algunos de los que le vitoreaban ayer eran los
mismos que cercaron el Parlament hace cuatro años, del cual tuvo que salir en
helicóptero y bajo protección policial.
En el momento más bajo de su carrera y tras los
malos resultados cosechados en las recientes elecciones, Artur Mas emerge
nuevamente como líder en Cataluña gracias al triste e indigno espectáculo que
organizó ayer, bochornoso para cualquier persona con sensibilidad democrática.
El presidente de la Generalitat quedó retratado
de nuevo como un oportunista y como un gobernante que maneja la calle contra la
ley. Sólo en una república bananera es posible que un alto cargo del Estado
desprecie la legalidad y se arrogue el derecho de dar lecciones a un tribunal.
Pero en Cataluña desgraciadamente esto ya no sorprende.
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