EL PRESIDENTE de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó hace unos
días que el proceso de desconexión con España ya ha comenzado y que eran unos
ingenuos quienes creían que no iba en serio. Efectivamente el independentismo
va en serio porque anteayer Junts pel Sí y la CUP registraron en la Mesa del
Parlament una iniciativa para constituir tres ponencias para elaborar las
leyes de la llamada Transitoriedad Jurídica y para la creación de una Agencia
Tributaria y una Seguridad Social propias.
El mandato para estas tres leyes está expresamente definido en la
declaración independentis- ta del 9 de noviembre, anulada por el Tribunal
Constitucional. Los promotores de esta iniciativa han subrayado que las
ponencias vienen a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en esa
declaración. Y el mismo Puigdemont también enmarcó las tres normas dentro del
proceso para crear un Estado independiente en 18 meses.
Ciudadanos, PSOE y PP ya han dicho que no van a
formar parte de estas ponencias, pero eso no
va ser obstáculo para los dos
partidos independentistas,
que han dejado claro que el Parlament tiene plena soberanía
para hacer lo que quiera, diga lo que diga el Constitucional.
Es evidente que si la Mesa del Parlament da luz verde a esta
iniciativa de Junts pel Sí y
la CUP como previsiblemente
va a suceder en muy breve plazo, se estará colocando fuera de la ley. Y ello
por la sencilla razón de que el Constitucional no sólo falló sino que además
advirtió a la presidenta del Parlament, a la Mesa, al letrado jefe y a los
grupos parlamentarios de que el desarrollo de esa declaración constituía un
delito de desobediencia. Por tanto, los promotores de estas ponencias y la
Mesa están a punto de cometer un delito que han anunciado y proclamado para
que no pase desapercibido.
Ello obliga al Gobierno de la nación a reaccionar de forma inmediata
el día en el que se consume esta violación de la legalidad y de las reglas del
Estado de Derecho. Hay diferentes vías para hacerlo. El Gobierno podría pedir
al Constitucional que actúe para garantizar que su sentencia se cumple. Y
también podría impugnar la resolución de la Mesa, exigiendo la paralización de
la iniciativa. E incluso el Fiscal General del Estado podría querellarse por
un delito de desobediencia.
Eso lo tiene que decidir el Ejecutivo, pero lo que resulta ineludible
es que haya una actuación rápida y eficaz que impida la creación de esas
ponencias. No se puede dejar avanzar al independentismo al margen de la legalidad, fingiendo
que sus acciones no tienen consecuencias.
Pero la reacción del Gobierno no puede ni debe limitarse a bloquear
esas tres leyes. Tiene que ir acompañada de una respuesta política. Y esa
respuesta pasa por dejar de seguir financiando a la Generalítat sus sueños
independendistas y por vigilar que cada euro que sale del FLA para Cataluña
sirva para costear servicios básicos. Lo que resulta surrealista es que el
Estado siga poniendo cada año una suma cercana a los 10.000 millones de euros,
mientras Oriol Junqueras, conseller de Economía, se jacta de la solvencia de
una Hacienda catalana que está en quiebra y que no puede emitir ni siquiera
bonos basura.
La gravedad de lo que está sucediendo en Cataluña corrobora la
necesidad de llegar a un acuerdo entre PP PSOE y Ciudadanos para formar un
Gobierno estable, que pueda dar una respuesta unitaria al reto del indepen-
dentismo.
Sánchez exigió ayer a Rajoy que pacte cualquier medida respecto a
Cataluña, lo que nos parece un error porque sugiere una eventual falta de
acuerdo. Esas cosas no se dicen.
Hay que subrayar que la ley concede un amplio margen al Gobierno,
aunque se encuentre en funciones, para responder a desafíos como éste.
Puigdemont no debe albergar dudas de que habrá respuestas proporcionales a los
pasos que vaya dando. La creación de estas ponencias no es sólo una provocación
sino que además es una ilegalidad que exige una reacción ejemplificadora del
Estado.
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